La reforma judicial, una muestra más de la ambición hegemónica del kirchnerismo

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El presidente argentino Alberto Fernández anuncia el proyecto de reforma judicial en la Casa Rosada en Buenos Aires
El presidente Alberto Fernández (Argentina Presidency/)

El kirchnerismo siempre se dedicó a marcar los contornos de la arena política, impulsando leyes de alto voltaje con una intencionalidad apenas oculta de consolidación hegemónica.

Cada una de estas leyes que ahora repasaremos implicaron fuertes cambios de reglas y lograron acrecentar el poder político y económico del kirchnerismo, en desmedro de las instituciones democráticas y republicanas. ¿Será esta reforma de la Justicia un paso más en la consolidación de un sistema cada vez con menos anticuerpos para controlar al Ejecutivo?

Repasemos primero algunos de los pasos que ha dado el kirchnerismo en materia de leyes.

En septiembre de 2008, el gobierno kirchnerista logró aprobar la estatización de Aerolíneas Argentinas, privatizada en la década de los noventa, comprando su paquete accionario. La foto del ministro de Planificación, Julio de Vido, y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime (preso) firmando la nueva distribución accionaria de la empresa ilustra a las claras la maniobra. La empresa siempre perdió dinero, hoy su déficit anual es de USD 570 millones y fue un enclave económico y político importante de La Cámpora, que se ha dedicado a complicar hasta la expulsión a varias líneas aéreas que competían con Aerolíneas Argentinas.

En noviembre de 2008 a través de la ley 26.425 de estatización de AFJPs –sancionada con amplias mayorías tanto en Diputados como en Senadores– hizo desaparecer el sistema de jubilación privada en el país y se transfirieron $74.000 millones al gobierno nacional, además de paquetes accionarios de diversas empresas que estaban en poder de las antiguas AFJP. Luego vendría algo que se veía venir: con el pretexto de “cuidar a los jubilados” la plata del Anses se utilizó –y se utiliza– para infinidad de cosas sin relación alguna con las jubilaciones. El sistema está quebrado -máxime luego de que el kirchnerismo ingresara al sistema a millones de personas que no realizaron los aportes necesarios- y hoy no quedan muchos convencidos de que debe haber una reforma. Vale señalar que aquella lamentable jornada de 2017 durante el gobierno de Cambiemos, en la que llovieron piedras y no faltaron morteros contra la policía es hija de esta pésima estatización, que en su momento se aprobó.

En octubre de 2009 se aprobó la Ley de Medios Audiovisuales, una norma hecha a medida para un grupo mediático puntual, pero con el pretexto de “democratizar los medios de comunicación”. El contexto de la norma era la guerra con Clarín –iniciada a partir de la fallida resolución 125– un obsesivo blanco para el kirchnerismo.

En mayo de 2012, con una abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados declaró de utilidad pública al 51% de las acciones de la petrolera YPF, que estaban en manos de Repsol. ¿El contexto? La medida fue tomada cuando el país ya tenía más de $35 mil millones de déficit fiscal. ¿El pretexto? La “soberanía energética”. Los resultados están a la vista.

En agosto del mismo año, en medio de la explosión de un escándalo de corrupción, el kirchnerismo logró que sea ley la Expropiación de la ex Ciccone Calcográfica. Otra vez apoyado por muchos legisladores de varios espacios políticos menores logró sancionar una ley que declaró de utilidad pública y expropió la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica. La empresa, dirigida por el testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, fue rápidamente expropiada con el fin de echar un manto de piedad sobre el asunto.

Un par de meses después, el kirchnerismo lograría aprobar la Ley de Reforma del Mercado de Capitales, que contenía un peligroso inciso agregado en el artículo 20, el cual le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas cuando “resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios”. La misma cláusula permitía la intervención por hasta 180 días de los órganos de decisión de las empresas. Esta ley, sumada a la de estatización de AFJP, le daba la posibilidad al Gobierno de intervenir y desbaratar económica y periodísticamente al Grupo Clarín durante 180 días, cosa que, como sabemos, intentaría hacer luego.

En marzo de 2013, luego de una polémica sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley un Memorándum de Entendimiento con Irán que Argentina firmó en el marco de la investigación del atentado a la AMIA. El pacto –que fue muy cuestionado por la AMIA, la DAIA y la organización Memoria Activa– constaba de nueve artículos en los cuales, entre otras cuestiones, se creaba una “Comisión de la Verdad”. El memorándum fue tachado como una renuncia tácita al derecho de descubrir la verdad y obtener justicia por muchos analistas y organizaciones sociales.

Dos meses más tarde, el gobierno sancionó su primera Ley de Reforma de la Justicia, que ampliaba de 13 a 19 los miembros el Consejo de la Magistratura, bajaba las mayorías para designar y destituir jueces (se reducen de dos tercios a la mitad más uno de los miembros) e imponía la elección por voto popular de los representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos. Al mismo tiempo, se limitaban duramente las medidas cautelares que pueden pedirse contra el accionar del Estado. De este modo, el Ejecutivo obtenía una gran ventaja a la hora de dominar la justicia, puesto que obliga a jueces a meterse dentro de la campaña política y a no desviarse de los deseos del kirchnerismo, so pena de ser destituidos sin más.

Como se ve, el kirchnerismo ha sido siempre un espacio avasallante con un claro objetivo de consolidación hegemónica. Tiene claro hacia dónde va y masticadas las reformas que necesita poner en la mesa con un vértigo que muchas veces descoloca a la oposición y a la sociedad en general.

Sólo esta ambición de poder explica que, en una economía sumida en el rojo, con cientos de miles de argentinos cayendo en la pobreza y atravesando lo que se declama como una crisis sanitaria de gran envergadura, se esté imponiendo al país el tratamiento inoportuno de una reforma del Poder Judicial.

¿Será este un nuevo hito legislativo en la historia del kirchnerismo? ¿Aumentará un poco más su poder nombrando decenas de jueces y fiscales? ¿Serán suficientes los juzgados federales para saciar el apetito kirchnerista? ¿Lograrán cambiar la Corte Suprema en lo venidero?

Si la historia reciente sirve de algo, podemos conjeturar que la ambición hegemónica del kirchnerismo no se va a detener si nada la detiene.

El autor es abogado, magíster en Derecho y Economía y director de Fundación Libertad